Ante el avasallamiento por parte del Gobierno Nacional de nuestros derechos profesionales al disponer por medio del DNU 54/17 la obligatoriedad de las Comisiones Médicas como instancia administrativa previa y prohibiendo la celebración de pactos de cuota litis en materia de accidentes laborales y enfermedades profesionales es que nos vimos en la obligación de presentar una acción de amparo tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad del mismo, a fin de salvaguardar nuestro derecho a honorarios profesionales dignos, sino también los de los trabajadores en general.-
No se nos escapa que desde hace un tiempo a esta parte se intenta desvalorizar nuestra tarea profesional bajo la falacia de que somos los responsables del desfinanciamiento del sistema de riesgos de trabajo, y creadores de la «industria del juicio».
Dicha afirmación no puede estar más alejada de la realidad, por el contrario, nosotros los abogados, somos los que día a día mejoramos las condiciones de trabajo de los trabajadores y de nuestros clientes en general al defender sus derechos de la mejor manera posible, aunque tengamos que soportar las peores condiciones edilicias de los distintos juzgados y las demoras del sistema judicial en el que nos vemos inmersos, porque para eso nos hemos formado.
Para que haya menos litigios debe haber menos siniestros y para ello debe haber mayor prevención, no fruto de nuevas leyes, sino de mayor inversión de empleadores y de ART y mayor gestión y control del Estado. Una mayor siniestralidad reconoce una doble vía de responsabilidad, por un lado las empresas que no proveen de elementos de seguridad y no cumplen las normas; y por otro lado, de las ART quienes deben controlar que los elementos de protección sean utilizados y las medidas de prevención sean llevadas a cabo.
Y como es nuestra tarea defender derechos, así lo estamos haciendo con los propios. En virtud de ello, es que debemos trabajar fervientemente en la defensa del Estado de Derecho, la libertad, la igualdad de oportunidades y la protección de todos y cada uno de los derechos constitucionales cuyo pleno reconocimiento reclamamos en nuestro amparo.
Que el decreto impugnado no sólo es violatorio del principio de igualdad consagrado en el Articulo 16 de nuestra Carta Magna, sino que atenta contra la posibilidad de pactar nuestros honorarios libremente y de defender de mejor manera a nuestros clientes, desvalorizando nuestra tarea como trabajadores del derecho.
POR ESO TE INVITAMOS A QUE LEAS NUESTRO AMPARO Y TE ADHIERAS AL MISMO CON TU FIRMA, PORQUE LA ÚNICA FORMA DE DEFENDER NUESTROS DERECHOS ES QUE LO HAGAMOS TODOS JUNTOS.