El 14 de junio se conoció la Acordada 18 de Corte Suprema de Justicia, motivada por la crisis que vive el fuero del trabajo desde hace varios años.

Varias fueron las instituciones, agrupaciones de abogados y hasta el  sindicato del sector de la justicia, en todas sus vertientes, quienes reclamaron en distintas oportunidades, y de variadas maneras, la toma de conciencia y puesta en correcto  funcionamiento de los juzgados que integran el Fuero Nacional del Trabajo de la Capital Federal.

Como lo expresamos en el amparo presentado el 8 de marzo de 2016 en autos OSZUST, NICOLAS Y OTROS C/ EN-PJN S/AMPARO LEY 16.986 Expte. CAF 006197/2016, que hoy tiene el carácter de Acción Colectiva, contando con la adhesión de más de 2000 abogados y los distintos sindicatos de los trabajadores de la justicia como la UEJN, la AEFPJN, el Frente de Recuperación Sindical del Fuero Laboral y  la Asociación de Abogados Laboralistas, los problemas básicos a resolver son los siguientes:

INMEDIATA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTARIA Y DE SEGURIDAD E HIGIENE (LEY 19.587) EN DICHO FUERO.

La inmediata entrega de insumos para el adecuado desempeño de los juzgados del Fuero;

La emisión de una  resolución por medio de la cual se le indique a los magistrados que no pueden trasladar sus responsabilidades a los  abogados en concordancia con lo dispuesto por la Ley 18.345;

Que el  Consejo de la Magistratura de la Nación realice los concursos necesarios y/o eleve las ternas al Poder Ejecutivo a fin de que con la mayor celeridad posible se designen jueces titulares en los juzgados vacantes;

La realización de mejoras edilicias necesarias para una correcta administración de justicia;

La adopción de medidas necesarias para que se adapten los sistemas informáticos (LEX 100) a las especificidades del Fuero con el consecuente provisionamiento de instalaciones informáticas acordes (terminales de trabajo, servidores y conectividad), teniendo en consideración las necesidades y posibilidades reales de los Abogados, de modo que mejore el ejercicio profesional y no se transforme en un escollo más que dificulte nuestro trabajo.

¿Cuantas de todas estas peticiones, puede resolver la Corte? Creemos que muchas.

La Corte tiene entre sus funciones, conjuntamente con el Consejo de la Magistratura, la administración del Poder Judicial;  la ley 23.853 establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación preparará el Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial, debiendo observar los principios de transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los recursos, el que remite al Poder Ejecutivo Nacional para su incorporación al proyecto de presupuesto general de la administración nacional que se presenta anualmente ante el Honorable Congreso. Una de sus facultades es la de  disponer las reestructuraciones y compensaciones que considere necesarias, dentro de la suma total correspondiente al Poder Judicial de la Nación en el presupuesto general de la administración nacional.

Y hablando de cumplir funciones establecidas por ley: La Corte ¿cuánta importancia le dio durante todos estos años al problema de la justicia del Trabajo? ¿Inyectó presupuesto para mejorar el servicio de justicia? ¿En los discursos de apertura del año judicial, se nombró el conflicto del fuero del trabajo? La respuesta negativa es obvia. Entonces, ¿por qué ahora toma relevancia el problema y sale el juez supremo Lorenzetti a dar un pequeño vaso de agua al sediento fuero? La respuesta es solo política.

Acorralado por los paros del sector, la visibilidad del problema en los medios, a raíz de la viabilidad de la Acción de Clase por la crisis del fuero laboral, impulsada por el Encuentro de Abogados, y la mala recepción de los dos últimos fallos en contra de los trabajadores y la libertad sindical, ponen a su Presidente en la obligación  de  desempolvar viejas medidas de largo plazo, para dar falsas esperanzas de solución.

Algunas aclaraciones sobre los nombramientos que realiza la Corte en la Acordada, y que tendrían que dotar de personal a los juzgados: dispone la creación de los 98 cargos creados por ley y con presupuesto desde hace seis meses. Hace casi dos años  el Presidente del Consejo  de la Magistratura de la Nación, remitió a Lorenzetti la información necesaria para la  creación de los cargos necesarios en el fuero del trabajo. Como dijimos los  cargos  estaban creados y presupuestados desde noviembre del año pasado,  para el ejercicio del 2016. Se crean tantos cargos en orden a las categorías faltantes en los juzgados según la plantilla de personal original y de acuerdo a los arts. 17 de la ley 16.432, 23 de la ley 17.928 y 3 de la ley 19.362, esto es como si se creara un juzgado nuevo. Esto no es inmediato, dado que lleva un proceso de selección conforme la ley marca.

Que decimos con esto, la Corte, toma una vieja decisión, la saca del cajón y la da a conocer como la solución al problema, pero además pide y exhorta al Consejo a que haga su trabajo, cuestión que el Consejo viene esquivando desde hace 8 años por lo menos. Y todo por cuestiones políticas.

La Acordada de la Corte “No Interviene a la justicia del Trabajo”, La Acordada de la Corte “No Intervino en el conflicto”, la Acordada poco hace, reiterando su accionar, dilatando la cuestión, con solo una fuente de esperanza, que esos heroicos 98 nuevos funcionarios, salven el sistema. ¿Podrán? Solo el tiempo lo dirá.

Por Armando Martin Sabadini, abogado miembro del EAI